7 de Noviembre –

El Directorio de ACEN, encabezado por su presidente, Eduardo Andrade, se reunió con el Secretario Ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía, José Venegas, con la finalidad de presentarle el documento “Estudio de Comercialización de Energía”, Etapa 1. El estudio encargado por ACEN y desarrollado por la consultora Systep, se orientó a analizar los efectos que ha tenido la figura del comercializador en países donde la regulación ha permitido que exista competencia como España, Inglaterra, Colombia y algunos estados de Estados Unidos.

La actual Ley de Servicios Eléctricos se remonta al año 1982, por ello, según ACEN, urge modernizar y actualizar los diversos cuerpos normativos. En la actualidad, si bien la legislación chilena no recoge la figura del comercializador de energía, en los hechos algunas empresas de generación han optado por privilegiar la venta de energía y servicios alentando la competencia en el mercado. Esta competencia, tal como concluye el estudio mandatado por ACEN, ha traído consigo además una disminución en el precio de la energía al consumidor final.

El presidente de ACEN formuló a la autoridad una serie de propuestas que permitirían hacer más eficiente el mercado de la comercialización. Por ejemplo, la normativa actual señala que las empresas generadoras pueden apuntar solamente al segmento de los clientes libres, vale decir, aquellos que tienen un consumo de más de 500 kW. ACEN propone que esta definición vaya a la baja paulatinamente, de manera de incorporar una cantidad importante de empresas que puedan beneficiarse de menores costos de energía.

Asimismo, según la Asociación, se debería permitir que distintos empalmes eléctricos asociados a un único RUT puedan ser considerados como un único suministro. Lo anterior posibilitaría que, por ejemplo, una cadena de farmacias pudiera optar a ser cliente libre y así elegir el suministrador que le oferte el mejor precio o el tipo de energía que prefiera. Por otro lado, Andrade le manifestó al Secretario Ejecutivo la necesidad de disminuir el tiempo involucrado para transitar de cliente regulado a libre, que en la actualidad es de 1 año, y procurar tanto el acceso igualitario a la información como la disponibilidad oportuna de ésta (mercado, clientes, consumo y otros).