Así lo afirma a ELECTROMINERÍA, Eduardo Andrade, secretario ejecutivo de ACEN A.G., al abordar la rebaja al límite de potencia que el Ministerio de Energía debe decretar en estos días.

Satisfechos se encuentran en la Asociación Chilena de Comercializadores de Energía (ACEN), tras el informe del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), que no encontró inconvenientes para la competencia en el mercado eléctrico, si es que se materializa la rebaja del límite de potencia, de 500 kW a 300 kW. Eduardo Andrade, secretario ejecutivo del gremio, señaló que avanzar en esta medida no supone complejidades legales, sino que más bien los desafíos son técnicos, donde los medidores inteligentes deben jugar un rol clave. En entrevista con ELECTROMINERÍA, el representante gremial sostiene también que esta iniciativa plantea un reto para la Comisión Nacional de Energía, en lo que respecta a la regulación de los volúmenes de energía a licitar en las próximas licitaciones de suministro para clientes regulados.

Rebaja

¿Cuáles son los principales puntos que destacan del informe del TDLC?

El informe emitido por el TDLC destaca por el extenso análisis realizado a la industria de la energía eléctrica en el país así como el desarrollo acerca de la comercialización, donde descarta los riesgos planteados por algunas asociaciones y empresas para concluir unánimemente que el bajar el límite de potencia no genera riesgos sustanciales a la competencia, sin hacer ninguna prevención o recomendación al respecto.

¿Cuál es el próximo paso a dar en el objetivo de rebajar el límite de potencia?

Tal como ya se ha conocido ahora el Ministerio de Energía debe emitir un decreto modificando el artículo 147, el cual fija el límite de potencia para ser cliente libre. La CNE en su momento planteó algunos reparos a esta medida, como un aumento en los niveles de sobrecontratación en el mercado de clientes regulados, ¿cree que existe un riesgo al respecto? Tal como expusimos durante el proceso no contencioso llevado adelante por el TDLC, el aumento vegetativo del consumo de energía, sumado a la extinción de los contratos más antiguos firmados entre empresas distribuidoras y generadoras, dan el espacio para que los menores volúmenes de energía que serán requeridos por los clientes regulados, por los traspasos a clientes libres, calcen bastante bien con los contratos existentes. Además, está la capacidad por parte de la CNE de regular el volumen de energía en las futuras licitaciones. Adicionalmente, la energía que ahora va a ser transada en el mercado libre permitirá aumentar la profundidad del mercado mayorista de compraventa de energía.

A su juicio, ¿qué desafíos técnico-regulatorios plantea materializar la rebaja del límite de potencia?

Desde el punto de vista regulatorio el materializar la rebaja es simple, por cuanto sólo se requiere un decreto. Resulta más complejo el asegurar las condiciones para que la rebaja se concrete en forma exitosa, requiriéndose algunos desafíos técnicos como es la necesidad de contar con medición inteligente para poder acceder a todos los beneficios de ser cliente libre y otros de carácter más regulatorio como asegurar que la información de quienes van a ser clientes libres, hoy en poder de las empresas distribuidoras, sea conocida por todos los interesados en participar en el mercado.

¿De qué modo esta medida impulsa a la comercialización de energía en el mercado local?

Hoy hay cerca de 3.000 clientes libres, la incorporación de un número cercano a otros tres mil implicará un mayor dinamismo en el mercado de comercialización de energía, con la probable incorporación de más actores nos solo en la compraventa, sino que también en la provisión de servicios.

Una vez que se materialice la rebaja, ¿cuál es el próximo hito que se debe dar para profundizar el desarrollo de la comercialización de energía?

Resulta evidente que se debe seguir bajando el nivel de potencia, hasta llegar a que cualquier usuario pueda optar a ser cliente libre, incluso los residenciales. Eso sí, para llegar a alcanzar esa meta es necesario avanzar por etapas, para permitir al mercado ir adaptándose a las nuevas condiciones y para dar tiempo al regulador para que dicte normas que permitan amparar adecuadamente los derechos de los usuarios residenciales interesados en participar en el mercado libre.