7 Octubre – La Asociación Chilena de Comercializadores de Energía, ACEN, fue invitada por la Comisión de Minería y Energía de la Cámara de Diputados a exponer sus planteamientos en el contexto del proyecto de ley que establece el derecho a la portabilidad eléctrica. En la ocasión, participaron el Presidente de la Asociación, Eduardo Andrade, y el Vicepresidente, Sebastián Novoa. El primero destacó que una piedra angular de este proyecto es lograr una competencia equilibrada y justa puesto que de este modo se llegará a tener los menores precios posibles en cada momento y una mejor calidad de servicio. Lo que no ocurre hoy día, recalcó, puesto que no hay competencia.

El beneficio de esta iniciativa legal es evidente, en Estados Unidos, por ejemplo, un estudio mostró que en aquellos estados en los cuales se había introducido la competencia, el costo de la energía había disminuido al cabo de 10 años un 7%. En cambio, en aquellos estados donde se había mantenido una condición monopólica el costo de las tarifas había aumentado un 18,7%. “Es claro que va a existir un beneficio, la competencia indudablemente trae ganancias, y no solamente en costos, sino que en calidad de atención”, comentó Andrade.

Un aspecto esencial para ACEN es el rol que deben cumplir las empresas distribuidoras en el futuro. La opinión de la gremial, respaldada por la OCDE, es que las empresas distribuidoras deberían dedicarse solamente al rol de operador de sus redes de distribución, vale decir, encargarse de la planificación, operación y mantenimiento, entre otros, y no permitirles participar en el mercado de la comercialización. “Cuando se opta por soluciones que son distintas a la separación estructural, hace necesario que exista una fiscalización muy intensa para asegurar que se está respetando la separación y que no se produzcan prácticas anticompetitivas, traspaso de información o de costos. A una empresa distribuidora le sería muy fácil absorber gran parte del costo que significa una empresa de comercialización para que esta última sea muy liviana y así entregar menores costos a sus clientes, pero que son cobrados a través de la empresa de distribución”, señaló su Presidente.

Este proyecto de ley introduce la figura del gestor de la información que, según Andrade, es un ente adecuado en un mundo en el cual la empresa de distribución actuaría como un comercializador, “pero nos preocupa todo el tema del uso de la información. En la comercialización, uno de los temas claves es tener la información de las necesidades de consumo de un determinado cliente para poder entregar una oferta de acuerdo a esas necesidades. Entonces si tenemos una empresa distribuidora que es la que maneja toda la información y que además los comercializadores tienen que entregarle su información para que ésta a su vez las traspase al gestor, vemos que hay una duplicación de funciones. Por un lado, la empresa de distribución está recibiendo toda la información, procesándola de alguna manera y luego se la está mandando al gestor de la información. Si la empresa de distribución estuviera estructuralmente separada de la comercialización y del resto de la industria perfectamente podría haber varios gestores de la información y que fueran las mismas empresas de distribución quienes, al no tener intereses en el mercado de la comercialización ni directa ni indirectamente, podrían hacerse cargo de esa función”.

Asimismo, según el proyecto de ley, el gestor de la información tendría la labor de publicar las tarifas que pueden ofrecer los comercializadores a los clientes finales sin hacer distinción si estos son mayores o menores de 20 kilowatts. “Nosotros estamos de acuerdo en que los usuarios de menos de 20 kilowatts, debido a que en general tienen menos información y conocimiento del mercado, tengan una cantidad de tarifas acotadas, públicas, que puedan ser fácilmente comparables. Sin embargo, para los clientes mayores de 20 kilowatts es necesario tener flexibilidad, dar la opción de entregarle múltiples tarifas y soluciones especiales. A nuestro juicio, esto favorecería la concentración del mercado porque impediría una flexibilidad en la oferta y, por lo tanto, la competencia se reduciría. En los mercados en los cuales hay información completa de precios, se tiende a un único precio y hay estudios respecto a que cuando los precios son públicos tienden a uno solo y no es el más barato, como aquel que permitiría una competencia libre”, recalcó Andrade.

Por otro lado, según el Presidente de ACEN, en el proyecto de ley hay exigencias que serían complejas para el comercializador como que los usuarios podrían terminar el contrato en cualquier momento. En España e Inglaterra, los contratos tienen una duración mínima de un año porque eso le permite al comercializador estructurar su compra de energía. El proyecto de portabilidad señala que van a existir los comercializadores puros, es decir, aquellos que no van a tener un elemento de generación detrás de ellos, sino que van a recurrir al mercado de venta de energía para su suministro. De acuerdo a la gremial, hay que equiparar los deberes con los derechos en el sentido de que ya que los comercializadores tendrán que respaldar toda su energía, la entrada y salida de los usuarios finales debe tener límites también.

Otro aspecto interesante es que el proyecto entrega libertad para la instalación de los medidores inteligentes, de acuerdo al Presidente de ACEN, los medidores inteligentes son importantes para los efectos de poder entregar una tarifa adecuada, sin embargo, no deberían ser una obligación. “La regulación comparada muestra que la cantidad de usuarios residenciales que se cambia depende de dos aspectos, del ambiente competitivo y de los precios. En Inglaterra las tarifas de las empresas incumbentes, conocidas como las Six Big, son permanentemente mayores que las tarifas de las comercializadoras y, no obstante, la gente no se cambia de la tarifa regulada que entregan esas empresas a las tarifas más económicas de las comercializadoras. Esto nos dice que una persona, por la razón que sea, que no tiene pensado cambiarse a un comercializador porque el tipo de tarifa plana está de acuerdo con sus necesidades, no debería ser obligado a “portarse”, o a comprar o a arrendar un medidor inteligente. Sin embargo, quien quiera hacer uso de las ventajas que va a ofrecer el sistema de tener comercializadores con una amplia variedad de tarifas, lógicamente va a instalar su medidor inteligente porque es el medio que lo va a habilitar para obtener mejores tarifas”, señaló.

En el proyecto de portabilidad, se indica que van a existir licitaciones de largo, mediano y corto plazo y que cuando haya excedentes, el costo de esa energía sobrante tendría que ser repartido entre todos los usuarios del sistema. ACEN considera que debería existir la posibilidad de vender esos excedentes en el mercado puesto que si hay competencia van a haber empresas comercializadoras dispuestas a comprarlos, y puesto que son el resultado de licitaciones, van a tener costos que van a ser interesantes para las comercializadoras. Asimismo, la Asociación planteó que los contratos de largo plazo solo deben ser para habilitar el desarrollo de nueva infraestructura de generación. “No puede ocurrir como en el pasado que varios de estos contratos de largo plazo de venta de energía a las distribuidoras, producto de las licitaciones, solo sirvieron para vender a mayor precio energía que ya estaba disponible en el sistema”, subrayó su Presidente.

Por otra parte, en el proyecto de ley se menciona que los comercializadores tienen que obtener una licencia para participar en el mercado, “ACEN entiende que esa misma obligación, con los mismos derechos y requerimientos, va a ser aplicado también a las empresas de generación para poder participar en el mercado de comercialización de energía cualquiera sea su tamaño”, dijo Andrade.

En relación a la transición, el proyecto contempla realizarla por zonas o incluso comunas, al respecto agregó que “esto les preocupa en forma importante por cuanto la tasa de cambio del usuario residencial es baja, en Inglaterra en 20 años alrededor del 25% de la población residencial se ha cambiado y en España es el 15%. Por lo tanto, si se abre por zonas va a haber un mercado muy pequeño que no va a ser atractivo para las empresas comercializadoras. En una ciudad como Puerto Montt con 200.000 habitantes y unos 50.000 clientes, si consideramos que se va a cambiar el 5% el primer año, estamos hablando de solo 2.500 clientes pequeños a medianos. Ese mercado es poco atractivo. Lo que sugerimos, y que es algo que podemos hacer desde la próxima semana, es ir creando el músculo de las empresas de comercialización permitiéndoles crecer y, cómo se hace eso, reduciendo el nivel de potencia conectada que en la actualidad está fijado en 500 kilowatts. Si bajamos ese nivel de potencia desde hoy, se puede permitir a las empresas de comercialización ir creciendo de manera que en algunos años más se llegue hasta los clientes residenciales. De otra manera no va a haber competencia y la torta va a seguir repartida entre los mismos de siempre”, comentó Andrade.

Por otro lado, Sebastián Novoa, Vicepresidente de ACEN, puntualizó que las comercializadoras sí pueden mejorar “la calidad comercial que es muy relevante porque muchas veces es la que mide la sensación del usuario. A veces la calidad del producto o de suministro no es de las mejores como nos gustaría, pero la calidad comercial es la que mide la percepción y eso cambia el nivel del juego. La atención puede ser mucho más cercana, por ejemplo, se puede avisar a través de un mensaje de texto cuando se corta la luz para saber que pasó antes de que el usuario tenga que llamar y hacer un reclamo ante un call center”.