La nueva licitación de suministro eléctrico en Chile volvió a poner sobre la mesa una discusión que excede a los proyectos renovables, el almacenamiento o los precios de adjudicación. Para la Asociación Chilena de Comercializadores y Suministradores de Energía (ACEN), el regreso de contratos de largo plazo para abastecer clientes regulados puede convertirse en un obstáculo para seguir profundizando la apertura del mercado eléctrico.
El 9 de junio, la Comisión Nacional de Energía (CNE) aprobó las bases preliminares de la Licitación de Suministro 2026/01, que contempla 2.835 GWh/año para clientes regulados, divididos en dos bloques: uno de 1575 GWh/año, con inicio de suministro en enero de 2029, y otro de 1260 GWh/año, desde enero de 2030. Ambos tendrán una duración de 15 años.
Si bien el diseño abre espacio para tecnologías renovables y almacenamiento, desde ACEN ponen el foco en otro punto.
“La preocupación más grande por nuestra parte es que se vuelven a licitar bloques a largo plazo. Estas subastas, por estos montos de energía, rigidizan el mercado libre”, advirtió Eduardo Andrade, secretario ejecutivo de ACEN, en diálogo con Energía Estratégica.
“Las distribuidoras y las compañías que después contratan esta energía, tras resultar ganadoras, pueden considerar que tienen un derecho adquirido. Por lo tanto, se hace complejo, como lo hemos venido planteando desde hace mucho tiempo, seguir bajando el límite de la potencia para ser cliente libre. Esto va a contrasentido”, sostuvo.
Chile ya avanzó en la rebaja del umbral para acceder al mercado libre, pasando de 500 kW a 300 kW. Para la entidad, el desafío ahora es continuar ese proceso y habilitar la participación de empresas de menor tamaño, de modo de ampliar la competencia en la comercialización de energía.
“Esperamos que se vayan dejando holguras, que permitan ir retirando energía del mercado regulado al mercado libre y que, en consecuencia, baje el límite para ser cliente libre. Este último ya está en 300, la idea es que pase a 200 y después a 100”, planteó Andrade.
La crítica aparece en un contexto particular. En los procesos previos, la CNE había optado por licitaciones más acotadas y de corto plazo: la 2025/01 contempló un bloque de 1680 GWh para cubrir suministro entre 2027 y 2030, por un período de cuatro años, mientras que la licitación excepcional 2025/02 apuntó a abastecer los consumos de 2026, con un bloque de 1470 GWh.
Frente a ese antecedente, la 2026/01 vuelve a instalar contratos de mayor volumen y duración, con 2.835 GWh/año comprometidos durante 15 años. Para ACEN, esto reabre la discusión sobre cuánta demanda debe quedar asegurada en el mercado regulado y cuánto espacio debe reservarse para la expansión del mercado libre.
La discusión se conecta con la reforma a la distribución
El planteo de Andrade no se limita a la licitación. Según el secretario ejecutivo de ACEN, el debate de fondo está vinculado con la modificación a la ley eléctrica y, en particular, con la modernización del segmento de distribución.
“Ya por lo menos hay cierto consenso en la industria de que hay cuatro ejes a tratar: la tarificación, la remuneración, la seguridad o calidad de servicio y la comercialización”, enumeró.
“Cómo se van a priorizar esos cuatro, nosotros esperamos que la comercialización también tenga una cierta prioridad, que se contemple. Porque estimamos que, si bien se puede seguir avanzando en liberar el mercado sin necesariamente hacer modificaciones legales, sí es conveniente hacerlo”, agregó.
Entre los puntos que el gremio considera centrales aparecen la separación estructural entre empresas distribuidoras y comercializadoras, la gestión de la información, la figura del generador puro y la definición de derechos y deberes de los clientes libres.
Este último punto cobra más relevancia a medida que se reduce el umbral de potencia. No es lo mismo regular la relación comercial de grandes clientes industriales que la de pequeñas y medianas empresas que podrían ingresar al mercado libre en los próximos años.
“Cuando se cuenta con clientes libres que están sobre 500 kW -medianas empresas-, se necesita una menor protección. Cuando estamos hablando de clientes de 100 kW, que son compañías mucho más pequeñas, no están tan claros cuáles son los deberes y los derechos que tienen para actuar en el mercado libre. Creemos que es necesario que esto sea mejor evaluado”, afirmó Andrade.
La discusión sobre la modernización de la distribución eléctrica no es nueva en Chile, pero vuelve a tomar fuerza a partir de la apertura gradual del mercado libre. La regulación vigente distingue entre clientes regulados, abastecidos mediante distribuidoras y precios asociados a procesos licitatorios, y clientes libres, que pueden negociar directamente sus condiciones de suministro.
Con la baja del umbral desde 500 kW a 300 kW, más usuarios quedaron habilitados para optar por este régimen, lo que instala nuevos desafíos sobre comercialización, acceso a información, pago por uso de redes, derechos de los clientes y relación entre distribuidoras y suministradores.
De cara al resto del año, Andrade anticipó que uno de los objetivos estratégicos de ACEN será participar activamente en la discusión regulatoria y seguir empujando la baja del límite de potencia.
A su vez, el gremio mantiene una agenda de trabajo con distribuidoras y autoridades para abordar temas más operativos, vinculados con la convivencia entre el mundo regulado, las empresas de distribución y los comercializadores o suministradores de energía.
“Nosotros esperamos que se traten estos temas en el corto plazo y se sigan resolviendo durante el año. Sin embargo, este es un mundo que se mueve mucho y todo el tiempo surgen nuevas discusiones que se deben atacar a medida que aparecen”, concluyó el secretario ejecutivo.

Por Florencia Guglielmetti
Fuente: Energía Estratégica