El error metodológico cometido en el cálculo del costos de la energía, el cual incide en alrededor de un 70% en la cuenta de la electricidad, afecta no sólo a los clientes residenciales sino también a miles de pymes que están obligadas a contratar su suministro con las empresas distribuidoras, por cuanto la ley señala que todos aquellos consumidores que tienen un potencia conectada de hasta 300 kW son clientes regulados.
A los excesos en los pagos derivados del error metodológico que deben enfrentar esas pymes, y que se mantendrán por lo menos hasta el mes de enero de 2026, se suma el perjuicio que representó el congelamiento de las tarifas no solicitado. Esto último implicó finalmente alzas importantes en las cuentas de la electricidad para devolver a las empresas generadoras lo no pagado durante los años que estuvieron congeladas las tarifas más intereses, los que no fueron acordados por quienes deben pagar, sino por las autoridades del sector.
Lo anterior se ha traducido, no sólo en costos importantes, sino también en una imposibilidad material para proyectar sus costos de electricidad para esas decenas de miles de pymes, muchas veces parte importante de su estructura de gastos, y, por lo tanto, en dificultades para tomar decisiones con respecto a niveles de producción y otras.
Resulta entonces conveniente hacer un paralelo de esa realidad con las ventajas que ha representado el mercado libre para aquellas pymes que tienen la capacidad de contratar libremente el suministro eléctrico con terceros distintos de las empresas distribuidoras. Esas pymes, que hoy son aquellas que tienen una potencia conectada superior a 300 kW, han tenido desde el momento en que se cambiaron de suministrador un valor constante y predecible en el costo de la energía, que como ya señalé representa alrededor del 70% de la factura total. Son contratos sencillos y fórmulas de indexación simples y fáciles de entender, las que en general sólo se reajustan por CPI, a diferencia de los pliegos tarifarios definidos en la regulación, los cuales se han tornado tan complejos que ni las autoridades del área son capaces de comprenderlos.
Además, a lo dicho se suma que los costos por energía que pagan las pymes que participan en el mercado libre, son inferiores que aquellos que deben pagar las pymes en el mercado regulado. También esas pymes acceden a una mejor calidad de atención comercial y, muchas veces, a una provisión de otros servicios (eficiencia energética, generación distribuida, apoyo técnico, etc.).
Si a esto se agrega lo señalado en cuanto a la incidencia de ese error metodológico en el aumento en el valor de la UF, resulta necesario hacer un llamado a las autoridades a considerar avanzar hacia un mercado libre más amplio en forma decidida, lo que permitiría disminuir de manera importante los efectos directos que produce un error de este tipo en las cuentas de la electricidad y en todos aquellos efectos indirectos en los gastos que se ajustan vía UF.
Eduardo Andrade Hours
Secretario Ejecutivo ACEN