Estudios recientes en Chile muestran que alrededor de 6 GW proyectos de generación tipo netbilling, sin almacenamiento, podrían integrarse en las redes de distribución, lo que equivale al 50% de la demanda máxima del Sistema Eléctrico Nacional (SEN). Por otro lado, el año pasado se vendieron 426.000 autos nuevos en el país. Si todos fueran eléctricos, se prevé que ingresaría una carga al sistema de cerca de 4 GW (1/3 de la demanda máxima del país hoy). “En este escenario, las redes de distribución experimentarían una demanda eléctrica sin precedentes. Ni siquiera a nivel de investigación se tiene claridad cómo se debería abordar algo que podría ocurrir en 4 o 5 años más. Todo parece indicar que avanzamos hacia la necesidad de una red de distribución altamente interconectada y reconfigurable, en lugar de la clásica estructura jerárquica”, señaló Daniel Olivares, Director del Center for Energy Transition (CENTRA) de la Universidad Adolfo Ibáñez, en el seminario “Distribución eléctrica y su regulación: claves para la electromovilidad y generación distribuida en Chile” coorganizado por CENTRA y ACEN.
En el sector no existen dudas respecto a que se debe modernizar la regulación en distribución, aún más considerando los objetivos de descarbonización que se ha impuesto el país. “Nadie en Chile está pensando que se pueda llegar a la carbono neutralidad sin hacer una gran reforma. Para que se beneficien las personas, las redes de distribución tienen que pasar a ser una plataforma de intercambio bidireccional que necesita mercados de flexibilidad amplios. No podemos abordar la reforma a la distribución sin entender que es una transformación del mercado”, sostuvo Mauricio Riveros, Jefe de la División de Energías Sostenibles del Ministerio de Energía.
Si la descarbonización, en el sentido de carbono neutralidad, se transforma en que básicamente hay que pagar mucho más, según Riveros, no va a suceder. “Tenemos que dar vuelta la tuerca, entender que la descarbonización es una oportunidad para nuevos ingresos, nuevos actores, nuevos modelos de negocios, innovación, nuevas cadenas de suministro y ahí va a suceder. Nosotros como Gobierno nos pusimos la meta de 500 MW de generación distribuida sin ningún cambio regulatorio”.
En la oportunidad, Ignacio Santelices, Gerente de Sustentabilidad de Fundación Chile, comentó que es urgente dotar de una mirada holística a cómo se enfrenta desde el punto de vista de la demanda la transición energética. “No es solo la distribución, qué va a pasar con la comercialización, con la generación distribuida cuando existan 200.000 mil proyectos en Santiago o la agregación de demanda, entre otros. Armar una ley (de distribución) demora 5 años, tramitarla 3 o 4 años más, más la implementación que son 2 periodos tarifarios y estamos llegando al 2040”.
Quedó atrás la idea inicial de una red de transporte unidireccional y elementos pasivos y ya no es ficción la constante interacción y la variedad de negocios que se vislumbran o que derechamente ya conviven en las redes. Al respecto, Ximena Oviedo, Socia Directora de IESD, mencionó que es preocupante que puede llegar un punto en que las personas se quieran desconectar del sistema, si es más económico autoabastecerse. Claramente, “hay un beneficio en la descarbonización, en electrificar la demanda, la incorporación de la electromovilidad. En este análisis de modernizar el segmento de distribución, podemos hacer que sea más competitivo, más eficiente y que los usuarios tengan beneficio económico de ello. Con la regulación que tenemos igual nos hemos ido amoldando y hemos logrado avanzar”.
Por su lado, Luis Opazo, Director de Acesol, expresó que ahora “es el tiempo y el minuto y hay una necesidad urgente de abordar un proceso de transformación importante en el sector, pero la gran reforma a la distribución no es la única respuesta. En general, la literatura indica que son los mixed de políticas los que aportan a gatillar procesos de transformación profundos. Lo que tenemos que abordar es un set de reformas en distintos sectores. El objetivo es alcanzar la descarbonización. Pedirle a una gran reforma de la distribución que se haga cargo de la electromovilidad, de los recursos distribuidos, de la eficiencia energética, etc., es ser un poco naif”.
Para Daniel Salazar, Socio Director del Grupo energiE, en distribución “el panorama no es alentador. Es el resultado de errores no forzados de quienes han tenido posiciones de responsabilidad, tanto en lo público como en lo privado. Hay autoridades que no han dado señales correctas y una industria que en el pasado resistió cambios y que se encargó de que transcurrieran décadas sin mover este modelo y recién se vino a mover solo para efectos tarifarios”.
En tanto, Eduardo Andrade, secretario ejecutivo de ACEN, agregó que “las redes de distribución están siendo impactadas por el gran número de pequeñas centrales de generación que se están conectando, que para el año 2024 representarán más de 4.000 MW de potencia instalada, a lo que se sumará la demanda movible que significa la electromovilidad. Sin una regulación que entregue los instrumentos que permitan su inserción ordenada, ello implicará distorsiones que afectarán a los consumidores finales, especialmente a los de menores recursos, lo que demuestra la necesidad de avanzar urgentemente en la actualización de la ley”.
Mientras, esos 4.000 MW seguirán autodespachándose y si a lo anterior le sumamos el netbilling, pareciera ser ya que es imposible posponer el acuerdo transversal que cruza el sector sobre que es el momento en que el “mercado se tiene que complejizar”, tal como lo sostuvo Riveros del Ministerio de Energía, “necesitamos mucho más actores y tenemos que generar los incentivos para que se hagan esas inversiones que permitan que se pueda hacer un despacho un poco más descentralizado”.
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