12 Mayo 2022 – El secretario ejecutivo de ACEN, Eduardo Andrade, fue invitado a exponer a la Comisión de Minería y Energía de la Cámara de Diputadas y Diputados este 11 de mayo donde explicó por qué se debe bajar el límite de la potencia conectada de 500 kilowatts para ser cliente libre, medida establecida en 1982. En la actualidad, los clientes regulados, aquellos que están bajo ese límite de 500 kW, no pueden elegir ni a su suministrador ni su fuente de energía (solar, hídrica, eólica, etc.), ya que están sometidos al monopolio de la distribución.

“Si se bajara el límite de 500 kilowatts a solamente 400 kilowatts, tendríamos beneficios para más de 32.000 pymes que podrían tener la oportunidad de elegir y optar a esta reducción en sus costos de energía. Hemos dicho con anterioridad que esto es lo mismo que un Fogape dirigido a las pymes, pero que al Estado no le cuesta un peso”, señaló Andrade.

De acuerdo con el representante de la gremial, esta medida va en ayuda directa a la economía de las pequeñas y medianas empresas y destacó que el gobierno puede bajar el límite de la potencia sin ninguna modificación reglamentaria o legal. “El gobierno puede bajar el límite de potencia mediante el procedimiento establecido en la Ley General de Servicios Eléctricos (artículo 147) que dice que el “Ministerio de Energía podrá rebajar el límite de 500 kilowatts indicado en esta letra, previo informe del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia””, agregó.

Según el secretario ejecutivo, el TDLC se tiene que pronunciar sobre si hay o no competencia. “Y eso ya está demostrado. El ingreso de los comercializadores en el mercado del suministro ha causado una reducción de hasta un 30% en las cuentas de la electricidad para los clientes libres”, indicó.
¿Cuál es el universo al que puede llegar una medida de esta naturaleza? De acuerdo con Andrade, si se considera el universo total de pymes, “tenemos del orden de 180.000 empresas, negocios, etc., que podrían tener acceso a nuevos servicios, así como al beneficio de una reducción en su cuenta”, comentó.

ACEN piensa que la ayuda que significa para las pymes optar a estas reducciones de costos y a esta mejora en los servicios que trae aparejada la baja de la potencia es de alto impacto. Incluso, cree que se puede empalmar perfectamente con una modificación a la Ley Eléctrica y llegar en el futuro hasta los usuarios residenciales que podrían optar a este tipo de tarifas más convenientes y a ser suministrados a través de un comercializador. “La propuesta de ACEN para que no afecte demasiado a los contratos y tarifas existentes, es que esta rebaja se haga en forma gradual, vale decir, ir bajando la potencia conectada 100 kilowatts cada año”, dijo Andrade.

Finalmente, comentó que ACEN ha hecho un estudio que describe que, en un escenario de movilidad alta, se espera que alrededor del 20% de las empresas que están entre 400 y 500 kilowatts se cambiaría el primer año, lo que significaría algo así como 6.000 usuarios. “Al cabo de 6 años, tendríamos cerca de 30.000 empresas pymes beneficiadas con esta medida”, concluyó.